¿Cuál fue su papel en las Bananeras de la Zona Sur?
Cuando se dio la reactivación de las Bananeras en la Zona Sur, la entidad que administro los proyectos fue Corbana S.A, para la cual se estableció la creación de una oficina regional, con toda la capacidad técnica, financiera, administrativa e independencia necesaria para llevar a cabo la operación, utilizando para ello un fideicomiso, donde las cooperativas entregarían a Corbana los terrenos y activos que pudieran ser utilizados en el proyecto.
Corbana debía aportar la información que el BNCR solicito sobre la empresa comercializadora y el esquema a utilizar.
Corbana utilizaría un paquete tecnológico que garantizaba la producción 2.800 cajas/ ha/ año.
El financiamiento de las cooperativas fue condicionado a que Corbana administrara como dueña los proyectos “para neutralizar el riesgo, dado que siendo el Ente Rector de la actividad dispone de Staff administrativo, financiero, técnico y legal que difícilmente puede ser superado por empresas bananeras que operan en nuestro país”. Oficio BSJO-359-99 del BNCR a las Cooperativas.
Los Bancos desde un inicio tuvieron la confianza de que el proyecto sería un éxito ya que Corbana se encargaría de fiscalizar y asesorar a todas las fincas como Ente Rector de la actividad. Y siendo Corbana la administradora de seis de los proyectos tenía un doble papel y un doble compromiso.
Después de que se rompen los contratos con Nobility, el Gobierno consigue un contrato a precio fijo $4.29 con Chiquita y Standard.
Con la participación de estas dos comercializadoras que suministran a los productores los insumos necesarios como parte de pago, las unidades productivas logran muy rápidamente recuperarse y aumentar su producción.
Debido al conflicto de intereses generado por la entrada en vigencia del acuerdo Marco Bananero en el que Chiquita estaba en contra y Standard a favor, utilizaron como medida de presión al proyecto bananero de la zona Sur para lucrar sus intereses ante la Unión Europea.
Ante la omisión del Gobierno y aprovechando un plan alternativo presentado por Corbana, salen de la zona Sur.
El Gobierno trata de enmendar la comercialización, “consiguiendo” un contrato estable a cinco años a precio fijo con Del Monte.
Corbana propone que los productores deberán entregar las fincas bajo la figura de Dación en Pago como condición para acceder a los recursos de los $0.02 ampliados a seis meses más por Decreto Ejecutivo. Las fincas que firman esta dación en pago son Línea Verde, Serbasur, Coobasur, Banasur y Boruca. El resto de las fincas en manos de productores privados, Térraba y Chánguina que no firmaron la dación en pago, no recibieron los recursos y los mismos fueron repartidos entre las fincas que si firmaron la dación de pago.
En el caso de las fincas que administraba CORBANA-FIBASUR las cooperativas no estuvieron anuentes a firmar la dación en pago, no obstante, Corbana retiene esos recursos. Este dinero debió ser distribuido entre los firmantes de la dación en pago, pero Corbana no lo hace así, sino que para poder desviar esos fondos le pide al Gobierno que apruebe un nuevo decreto fabricado por ella misma, que le autorice esta desviación de fondos para pagar sus propios pasivos laborales de las fincas administradas por CORBANA-FIBASUR.
Corbana crea un Ante-Proyecto de Solución Integral a la Problemática Bananera del Pacifico Sur, en junio del 2003; entre algunas de sus propuestas están: que no se continúe con el proceso de readecuación, que se rematen las fincas, creación de nuevas cooperativas y extinción de cooperativas de base. Con este ante-proyecto Corbana logra salir de la zona Sur, solo cubriendo sus intereses y dejando a las Cooperativas en un enorme problema que después de casi 15 años siguen en la lucha para recuperar las tierras.
